Los abogados de Atocha
Luis J. Benavides. Asesinado
Alejandro Ruiz. Herido.
Enrique Valdelvira. Asesinado.
Javier Sauquillo. Asesinado.
Luis Ramos. Herido.
Mª Dolores García. Herida.
Serafín Holgado. Asesinado.
Miguel Sarabia. Herido.
Ángel Rodríguez. Asesinado.
Hace 31 años más o menos, el 23 de Enero de 1977, un violento grupo de ultraderecha llamado Alianza Apostólica Anticomunista, más comunmente conocidos como la Triple A, perpetraba un sangriento atentado contra unos abogados laboralistas miembros del PCE y de CC.OO, de los que mueren cinco y cuatro quedan gravemente heridos. Se detuvo a los autores materiales, pero nunca a los autores intelectuales, dirigentes de partidos ultras y del a punto de extinguirse Sindicato Vertical: muchos de ellos incluso pueden a día de hoy pasearse por las calles tan tranquilos y dar mítines escoltados por una guardia tan rabiosa, ignorante y vil como la de entonces o más si cabe. Sin embargo, este atentado no fue un hecho aislado o casual, sino que se enmarca en una serie de acciones que venían produciéndose desde 1976 para, de alguna manera, reventar el proceso democrático. Aunque hecho independiente, este cruel atentado debe ser entendido como una especie de colofón a una serie de hechos que arrancan precisamente con la serie de reformas que el gobierno Suárez lleva a cabo y, más concretamente, con la ley para la reforma política. A partir de ahí vienen sucediéndose acciones que, aunque no son nuevas ni mucho menos, son detonadas por esta serie de reformas. La clave que define a este suceso es estrategia de la tensión.
He elegido el título «7 días de Enero» en honor a la película que J. A. Bardem realizó en torno a esos hechos em 1978. Su película, además de ser una magnífica obra cinematográfica, está bien documentada en los sucesos que rodearon tal terrible crimen, arrancando con el mensaje inicial de que no es su intención juzgar a los supuestos culpables o desenmascarar a otros posibles , pues el juicio a los autores materiales no tendría lugar hasta 1980, si bien reinventa los nombres de los asesinos y su entorno, respetando únicamente el de los abogados y su círculo.
Estamos en 1976. A modo de resumen, siguiendo las crónicas oficiales, el rey había destituido a Arias Navarro como presidente del gobierno y le había conseguido sustituir por Adolfo Suárez con el fin de propiciar unas medidas dentro de la legalidad para, llegado el momento, dar el salto a una democracia popular. A partir de ese momento, los políticos más inmovilistas y reaccionarios, conocidos como «el búnker», verán peligrar su estatus político y esgrimirán argumentos tremendistas y alarmistas para que cunda el pánico entre la población, mientras al mismo tiempo promocionan todo tipo de atentados de signo fascista con el fin de crear alarma y miedo.
El 14 de Julio de este año se vota la reforma parcial del código penal, por el cual se pretendía que dejara de ser delito la libertad ideológica y la adscripción a partido y sindicato cualesquiera. La amenaza que ven los ultras es que gracias a esta reforma el PCE y afines pudieran ser partidos legales. No obstante el texto no queda claro del todo; podrán ser legalizables todos aquellos partidos que decidieran entrar de pleno derecho en el juego político legal (dicho así esto a grosso modo), pero no aquellos que estuvieran sometidos a disciplina internacional, tales como el viejo PCE: el problema es que desde que Carrillo y su homólogo italiano fundaron el eurocomunismo, el PCE ya no estaba sometido a disciplina internacional. Los ultras continuaban a la espera.
El día 16 Suárez comparece en televisión para explicar su programa político a la población. Éste se puede resumir en dos ideas fundamentales: la instauración de un estado regido por la soberanía popular y un gobierno representativo, y la concesión de una inmediata amnistía a los presos políticos, de la cual no se beneficiarían en principio aquellos presos políticos encarcelados por delitos de terrorismo (no obstante se benefician de ella todos los encausados de ultraderecha en los altercados y el asesinato de Montejurra): los comunistas Simón Sánchez Montero y Santiago Álvarez se benefician de ella, aunque declaran que al seguir siendo ilegal el partido en el que militan no descartan que puedan volver a prisión. Al mismo tiempo, Suárez comienza a entablar entrevistas con la oposición, a excepción del PCE.
10 de Septiembre de 1976: Suárez presenta ante la opinión pública el proyecto de ley para la reforma política. Dentro de ésta se estipula la libertad sindical.
Tras la victoria de Franco en 1939 quedaron declarados ilegales todos los partidos políticos y sindicatos; siguiendo la doctrina nacional-sindicalista, se creo el llamado sindicato vertical, que servía de enlace entre los trabajadores y la patronal: éste, obviamente, estaba controlado por la patronal, que además eran miembros del partido único generalmente. A partir de 1975, tras las últimas elecciones sindicales, en las cuales CC.OO decidió presentarse a cara descubierta a la candidatura de los puestos de base, sucedió un fenómeno curioso: CC.OO ganó en la base, creando una situación conflictiva en la patronal, pues mientras el sindicato vertical mandaba arriba, las bases de éste estaban en poder de sus enemigos: los sindicalistas comunistas. En las últimas eras del franquismo, el sindicato vertical era representado en las cortes por el siniestro García Carrés, un personaje que jugará cierto papel en esta historia, aunque los historiadores más jóvenes le recuerden por ser el único civil, que se supiera, involucrado en el intento de golpe de estado del 23-F.
El reconocimiento de la libertad sindical implicaba reconocer, entre otros, a cuatro sindicatos, dos de ellos históricos: la socialista UGT, la anarcosindicalista CNT; USO, de inspiración obrero-católica; y la temible comunista Comisiones Obreras. Los ultras comienzan a verle las orejas al lobo, principalmente porque esto puede implicar su pérdida de control en los medios de producción y de los trabajadores. La luz roja de alarma salta entonces cuando, a raíz de esto, el teniente-general de Santiago, vicepresidente de asuntos de defensa, dimite. De Santiago envía además una misiva a sus compañeros de armas muy alarmante. El teniente-general Iniesta Cano le respalda con una encendida columna en el diario ultra «El Alcázar». El gobierno entonces decide tomar cartas en el asunto y hace pasar a los dos militares a la reserva, pero se ve obligado a rectificar, pues por ley eso era imposible. Además, debido a estos sucesos, los teniente-generales de Santiago e Iniesta Cano pasan a ser los dos militares más admirados entre los ultras, mientras que el sustituto de de Santiago, Gutiérrez Mellado, adquiere para ellos el color de la traición y pasa a ser el blanco de sus iras e insultos. La alarma acerca de una posibilidad golpista comienza a tomar cuerpo.
Los meses siguientes vendrán marcados por una violencia y una tensión crecientes.
A finales de Agosto, mientras realizaba una pintada, el trabajador Francisco Javier Berdejo muere en Almería por disparos de la policía. El 8 de Septiembre, también a manos de la policía, muere el militante de CC.OO Jesús María Zabala en una manifestación pro-amnistía en Fuenterrabía (Guipúzcoa): el hecho desencadena la dimisión en pleno del ayuntamiento y una huelga general en Guipúzcoa el día 28 del mismo mes, en unas jornadas de alta tensión, coincidiendo con las últimas ejecuciones del año pasado. El 24 de Septiembre, en Santa Cruz de Tenerife, era asesinado también por la policía, al confundirle con un delincuente, el trabajador Bartolomé García. El 27 de Septiembre, mientras participaba en una manifestación, el estudiante Carlos González era asesinado por un comando de ultra-derecha denominado Guerrilleros de Cristo Rey. Todos estos sucesos conllevaron una gran indignación entre la población, que se veía involucrada sin ni tan siquiera quererlo: el temor a un enfrentamiento armado iba en aumento, especialmente el 4 de Octubre, cuando ETA asesina en San Sebastián a Juan María de Araluce, el presidente de la Diputación Provincial de Guipúzcoa y consejero del reino. La tensión va en aumento: la policía pide al gobierno el estado de excepción en Euskadi, que es denegado, mientras que la ultra-derecha comienza a demostrar su descontento incluso en insultos al rey y al gobierno; comienzan a esgrimir un lema que aplicarán a todos los que ETA o GRAPO mate: «les ha matado el gobierno», y comienzan a pensar cada vez más en la necesidad de realizar algún tipo de «acto patriótico» definitivo.
Finalmente, el 16 de Noviembre el equipo de gobierno de Suárez lleva el proyecto de la reforma a las cortes para su votación. Durante los discursos se hace patente el enfrentamiento entre los aperturistas o reformistas y los inmovilistas, los ultras, como Blas Piñar y Fernández de la Vega; estos últimos acusan de una manera más o menos velada a los primeros de deslealtad, recordándoles los juramentos mano-sobre-la Biblia de defender a España y las ideas del Movimiento. No obstante, el resultado es abrumador, a la par que revelador: 425 votos a favor, 59 en contra, y 13 abstenciones. La ley para la reforma política queda así aprobada con un amplio respaldo por parte de la cámara: Suárez reposa su cabeza en el respaldo del sillón azul con gesto de alivio y de satisfacción, pero es muy posible que lo que pasó a partir de entonces tuviera como desencadenante este preciso momento. La ley saldrá a la calle para que los ciudadanos la voten en referéndum.
No obstante, la oposición opta por hacer campaña en favor de la abstención, debido a que todas las fuerzas políticas no circunscritas dentro de lo que era el movimiento seguían siendo ilegales, y además porque la oposición abogaba por la ruptura total con el régimen anterior, y no por una continuidad dentro de la legalidad, como pretendía el gobierno; pero a la vez, lo que menos les convenía era que la ley sacara un rotundo no que les hubiera llevado al principio de donde estaban y hubiera satisfecho a los ultras más crispados y crispantes. El aparato propagandístico de Suárez lanza entonces una masiva campaña contra la abstención, cuya banda sonora fue «Habla, pueblo habla», interpretado por el grupo Vino Tinto.
La crispación de la ultra-derecha se hace patente el 20 de Noviembre, aniversario de la muerte de Franco y celebrado con toda la parafernalia fascista: al acto acuden los diputados más ultras. Los manifestantes corean insistentemente estos dos lemas: «Gobierno dimisión» y «Ejército al poder»; este último lema es el que más preocupa al gobierno: la posibilidad de que el generalato, compuesto en su mayoría por ex-combatientes de la guerra civil, pudiera dar un golpe de estado para devolver al país a la situación de dictadura militar. Alarmante además porque de los 59 votos en contra de la ley de la reforma política, 8 se correspondían a mandos militares.
Por su parte, la oposición entera se reúne para estudiar los propósitos de Suárez y llegan a un acuerdo en lo que van a exigir al gobierno, que, a grandes rasgos, se pueden resumir en tres puntos: reconocimiento de todos los grupos y sindicatos, neutralidad en los resultados de referéndum, reconocimiento de todas las nacionalidades del estado y disolución del Movimiento. Crean la llamada Comisión de los 9, que representaba de alguna manera todas las líneas ideológicas de la oposición democrática: comunistas, socialistas, demócrata-cristianos, liberales, y nacionalistas catalanes, vascos y gallegos. La comisión solicita una revista con el gobierno, pero no obtiene respuesta.
A todo esto hay que sumar otros hechos, algunos anecdóticos en apariencia: el 24 de Noviembre se ve en dos documentales, uno para la televisión sueca y otro para la francesa, al propio Santiago Carrillo circulando en coche por las calles de Madrid con total impunidad; es necesario recordar que Carrillo, a diferencia de Sánchez Montero y Álvarez, tenía condición de ilegal, y esta demostración suponía poner en evidencia al gobierno y a las fuerzas de seguridad de defensa del país. Esto no era más que el primer paso de su estrategia de echar un pulso al gobierno para, de alguna manera, forzarlo a legalizar el PCE. Semanas después Carrillo convoca a los principales medios de información, haciendo que los periodistas den rodeos alrededor de Madrid hasta llegar a un piso del centro en donde da una rueda de prensa; sus declaraciones no son sorprendentes ni innovadoras: lo realmente importante de esto es el hecho en sí de que Carrillo pudiera dar en pleno Madrid una rueda de prensa para desesperación del entonces ministro de la gobernación Martín Villa.
Por su parte, también el PSOE de Felipe González, partido ilegal pero tolerado por el gobierno, plantea también su pulso al celebrar su XXVII congreso del PSOE a 10 días del referéndum: el 10 de diciembre arranca el primer congreso del PSOE celebrado en España desde 1932, contando además con las figuras más relevantes del socialismo internacional como François Miterrand, Pietro Neri, Olof Palme y Willy Brandt entre otros. El congreso, pese al tono intencionalmente moderado de González, acaba con la inclusión del término «marxista» en la base de la definición ideológica del partido y con el consabido cántico de «España mañana será republicana», a pesar de que los dirigentes socialistas, al igual que los otros jefes de la oposición, habían renunciado a plantear al gobierno la problemática «república o monarquía» con el fin de entrar en el juego político.
Este panorama, aunque tenso, parecía discurrir por unos caminos de calma relativa. Pero nadie sospechaba que alguien o algunos, tal vez algún cerebro en la sombra, estaba planeando tensar la cuerda hasta hacer saltar a ciertos elementos… Las piezas del juego ya están sobre el escenario, pero nadie sospecha que para ganar el juego tengan que ser sacrificados ciertos peones. El nombre GRAPO está a punto de hacer su aparición en escena, en un momento muy inoportuno, o tal vez oportuno, según se mire, o, mejor dicho, según quién lo mire.
La Zamarra de Gustavo 