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7 días de Enero. 2ª parte: la cuerda se tensa


Así pues, casi al término del año 1976, la sociedad española encaraba una posible esperanza de democracia, aunque con escepticismo: en poco más de una semana tendrían una cita con las urnas, aunque muchos de ellos optarán por la abstención por las razones indicadas en el capítulo anterior, y a pesar de los gritos de alarma y amenazas de los ultras. Con todo esto, las encuestas se mostraban favorables. Sin embargo, en este escenario en el que ya tenemos actuando al gobierno de Suárez, a la oposición, a Santiago Carrillo dando vueltas por Madrid y al congreso de los socialistas, va a hacer acto de aparición un actor espontáneo cuya intervención tuvo mucho que ver en los sucesos a los que intentamos cronológicamente llegar.

 

Faltando cuatro días para el referéndum, el 11 de Diciembre, Antonio María de Oriol y Urquijo, consejero del reino y presidente del consejo de estado es secuestrado por la banda GRAPO. El asunto es de una gravedad máxima, ya que Oriol, persona de familia de alta alcurnia, era un personaje muy influyente entre los inmovilistas.
Algunas horas después llega a la redacción de el periódico “El País” un documento firmado por los GRAPO en el que pedían la inmediata liberación de quince presos políticos, algunos de ETA, otros del FRAP, otros del GRAPO, y una militante de Unión do Povo Galego, y trasladarlos hacia Argelia; de lo contrario, Oriol será ejecutado.
Los GRAPO, Grupo de Resistencia Antifascista Primero de Octubre, parece haber nacido el 1 de Octubre de 1975, fecha de la autoría de su primer atentado contra algunos policías que vigilaban sucursales bancarias en apariencia como venganza por las últimas ejecuciones de Franco, aunque el atentado tardó en ser reivindicado. Desde esa fecha y durante los últimos 70 se dedicaron a hacer ciertos atentados: nadie sabía quienes eran, la oposición no tenía conocimiento de ellos, y hay dos datos que hacen pensar que GRAPO no fueran más que una mascarada de, o bien un grupo desconocido de ultra-derecha que pretendía desprestigiar a la izquierda, o bien obra de un siniestro cerebro en la sombra. El inquietante hecho de que su brazo político se llamase Partido Comunista Reconstruido (al que perteneció, por cierto, el hoy apologeta del franquismo e historiador de comedieta Pío Moa), haciendo referencia a una posible reconciliación entre el PCE “oficial” y el PCE marxista-leninista: poco antes de este secuestro, Suárez había comenzado, mediante el abogado José Mario Armero, una serie de intercambios de mensajes y negociaciones con Carrillo en secreto: sólo sus más allegados conocían este hecho, y no a fondo. Y, por otra parte, el hecho, que se verá a lo largo de esta etapa, de que sus acciones se producen en momentos muy determinados, de máxima tensión y extrema delicadeza. La idea de que tanto las siglas GRAPO como el supuesto PCE (r) escondieran en realidad a un grupo de extrema-derecha no era únicamente una teoría de la oposición de izquierdas o de la prensa crítica, sino que era una teoría que también mantenían el presidente Suárez y el vicepresidente para asuntos de la defensa general Gutiérrez Mellado. En mi modesta opinión, la gran clave de lo que ocurrió en aquel Enero de 1977 está encerrada en 5 letras: GRAPO, el actor incómodo.

La situación que se le plantea al gobierno es celebrar el referéndum bajo tal chantaje. Aun así, el 14 de Diciembre, un día antes, Suárez comparece en televisión pidiendo a la población el voto afirmativo.
Finalemente, y a pesar de todo, el 15 de Diciembre tiene lugar la votación en referéndum, que contó con una masiva participación: el 77’4 % de la población, del cual el 94’2 % vota sí y el 2’6 % no; la abstención es de 22’6 %. Tanto la oposición como el gobierno respira aliviado, a pesar del temor de que (como dice Victoria Prego en la serie “La Transición”) existiera el temor de que GRAPO irrumpiera en el proceso arrojando el cadáver ensangrentado de Oriol sobre la mesa electoral. Esto no llega a ocurrir, pero poco antes del cierre de los colegios electorales tiene lugar un nuevo comunicado: si el gobierno no cede a liberar a los presos en 48 horas, Oriol morirá. Pero la realidad era que algunos de los presos se habían negado a ser canjeados por Oriol. Se produce entonces un nuevo comunicado de la banda: si en una hora el gobierno no concede una amnistía parcial, Oriol será pasado por las armas.
Faltando menos de una hora para el tiempo fijado por la banda, Martín Villa, ministro de la gobernación, se dirige a los estudios de RTVE para leer una notificación que es modificada varias veces por el camino, y, a falta de 3 minutos para que se cumpla el plazo, Martín Villa lo lee por televisión: el gobierno no cederá al chantaje, pero pide que se respete la vida de Oriol con la promesa de una amplia amnistía. El GRAPO contestará que no matará a Oriol, pero lo mantendrá retenido hasta el cumplimiento efectivo de dicha amnistía.
El gobierno había conseguido salvar la vida de Oriol sin obtener su libertad; no obstante, el precio que pagó por ello fue su descrédito ante la extrema-derecha. El 20 de Diciembre, aniversario de la muerte de Carrero Blanco, tiene lugar un acto religioso en la iglesia de los Jesuitas, calle Serrano, al que acude Torcuato Fernández Miranda, presidente de la cámara; desde su asesinato, el 20 de Diciembre se había convertido en un acto de afirmación de la ultra-derecha en torno a la misa que se ofrecía por él, a la que acudían los más renombrados miembros de “el búnker”; en esta ocasión los ultras, soliviantados por el secuestro de Oriol, comienzan a lanzar insultos contra el gobierno, contra la corona y, lo más grave, intentaron a agredir al propio Fernández Miranda. Para los ultras era claro que el gobierno había dado cedido al chantaje mediante esa cesión, dando signos de debilidad, y consideraban a Oriol una víctima del mismo gobierno. Cada vez son más altas y chillonas las voces que gritan que el gobierno está traicionando el “espíritu del 18 de Julio” y piden cada vez más desesperada y crispantemente una acción patriótica y un nuevo caudillo señalado por Dios mismo. Entre Noviembre y Diciembre, a medida que iban avanzando los acontecimientos políticos (el proyecto de la reforma, la libertad sindical, el congreso del PSOE, la rueda de prensa de Carrillo…) los atentados de grupos de ultra-derecha como Guerrilleros de Cristo Rey, la Triple A, el Batallón Vasco-Español, y otros menores, contra las llamadas librerías “rojas” se fueron haciendo más frecuentes y violentos, sin que ni siquiera hubiera un solo detenido por estas acciones ni tan sólo una condena real y efectiva. Era obvio que la extrema-derecha estaba furiosa y, lo más preocupante, no se iban a estar de brazos cruzados.
Los grupos de ultra-derecha de entonces estaban bien organizados. Reclutados de entre las juventudes de partidos ultras como Fuerza Nueva, Comunión Tradicionalista y otros, estaban organizados en comandos cuya acción estaba destinada, al igual que en los primeros días del fascismo, a realizar actos disuadorios que, en ocasiones, conllevaban la eliminación violenta del oponente político. Algunas de sus acciones consistían en reventar todo tipo de actos: culturales, políticos o sindicales opuestos al régimen; aparecían en las manifestaciones armados con porras y, a veces, con pistolas, para crear peleas y disuadir a posibles asistentes. La colocación de bombas en teatros, cines y librerías fue también una de sus actividades favoritas. Muchos de ellos eran miembros de familias pudientes afines al régimen. Siendo adiestrados por viejos falangistas, sus servicios de matones eran solicitados por los jefes de los partidos como guardaespaldas, por los patrones y dirigentes del sindicato vertical para eliminar a líderes sindicales (técnica heredada de los patrones barceloneses y los señoritos andaluces contra los anarcosindicalistas durante los años 20 y 30), y por inspectores de la temida y reprovable Brigada político-social para localizar sindicalistas obreros o estudiantes y reventar, a la par que disuadir, manifestaciones, aunque con ello tuvieran que matar a alguien. Como es de deducir, al estar protegidos por políticos, patrones y empresarios, curas reaccionarios, militares de alto rango e inspectores de policía (a veces por vínculos familiares) nunca fue detenido ninguno de ellos: los primeros en ser detenidos fueron los pistoleros de Montejurra, los segundos serán los asesinos de los abogados. Los grupos más famosos de entonces eran el Batallón Vasco-Español, responsables en su mayoría de los atentados contra miembros, efectivos o sólo supuestos, de ETA tanto en el País Vasco español como francés; los Guerrilleros de Cristo Rey, que eran los más famosos, numerosos y sanguinarios; y la Alianza Apostólica Anticomunista, comunmente llamados la Triple A.

Después de tanto burlar a la autoridad paseando por Madrid, el 22 de Diciembre Carrillo es finalmente detenido. Pasa a disposición judicial, pero en realidad, desde el momento en que el rey fue nombrado jefe del estado, sus delitos habían pre-escrito: no había cargos efectivos contra él, y esto creaba una situación muy incómoda para el gobierno. En diversas ciudades de Europa se producen manifestaciones por su libertad, incluso en Madrid, ante la Dirección General de Seguridad: un grupo de manifestantes se reúne para exigir su inmediata liberación -aunque él no se encontraba allí-. Después de mucha polémica, de descartar soluciones desacertadas, Carrillo pasa sólo 7 días en Carabanchel por el delito de haber entrado en España sin permiso, y, finalmente, el 30 de Diciembre sale en libertad bajo fianza: Santiago Carrillo, tras 38 años de exilio, se convertía finalmente en ciudadano español de pleno derecho. Justo ese día, el gobierno suprime finalmente en consejo de ministros el TOP: el tribunal de Orden Público, ideado para juzgar y controlar los delitos políticos.
El 11 de Enero Suárez comienza a entrevistarse con la Comisión de los 9, formada por un representante político de las principales líneas políticas y un representante sindical con voz, pero sin voto. Los 9 son claros en sus planteamientos: amnistía y legalización de todas las fuerzas políticas, incluida el PCE; los grupos tolerados se niegan a aceptar el proyecto de ley de asociaciones; Suárez se compromete a modificar la ley. Poco después, después de entrevistarse con el honorable Josep Terradellas, President de la Generalitat de Catalunya en el exilio, el presidente declara una futura autonomía para Cataluña. El 19 de Enero, en San Sebastián, se iza después de más 30 años la ikurrina: este hecho provoca la dimisión de los gobernadores civiles de Bilbao y San Sebastián.

A pesar de la ilegalidad del PCE y la reticencia, por prudencia, a legalizarlo, parecía que las cosas entre la oposición y el gobierno, a pesar de todo, marchaban bien, y seguramente todos los grupos políticos, a excepción del PCE y similares, serían legalizados para las primeras elecciones generales democráticas desde 1936. Sin embargo, la prudencia del gobierno no era en vano ni mucho menos. Todas estas ofertas del gobierno a la oposición, junto con el secuestro de Oriol, no hacían más que acrecentar el descontento y la crispación entre los elementos más ultras, que pedían cada vez más alto y frecuentemente una intervención militar para la que parecía haber demasiados candidatos de ocupar el caudillato vacante desde 1975. La cuerda estaba ya tensada al máximo para que se rompiera. Una vuelta más en la clavija y cinco muertos traerán la excusa para dar un golpe militar y recobrar el espíritu del 18 de Julio.

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